El proyecto de ley busca fortalecer la participación ciudadana en Chile mediante el reconocimiento de la participación y la libertad de asociación como derechos, la actualización de principios y definiciones sobre organizaciones de la sociedad civil y dirigentes sociales, y la redefinición de los Consejos de la Sociedad Civil como órganos consultivos e incidentes con mayor autonomía. Además, amplía las atribuciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno y ajusta la composición del Consejo Nacional de Participación.
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El proyecto de ley fue aprobado en general por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en discusión en particular, con plazo de indicaciones hasta el 30 de enero.
Aunque reconoce la participación como derecho, la ley omite un deber estatal explícito de garantizarlo o protegerlo. Esto la convierte en una declaración sin efectos vinculantes. La ausencia del principio de no regresión permite que futuras reformas restrinjan los derechos participativos, debilitando los principios democráticos.
El proyecto circunscribe el rol de las OSC solo a la interlocución con el Estado, excluyendo la fiscalización o la incidencia autónoma. Esta definición abre la puerta a que las organizaciones sean sancionadas incluso con la pérdida de la personalidad jurídica si realizan otras labores, lo que genera una restricción inaceptable a su autonomía.
01/09/2025
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