El proyecto de ley propone crear un Registro Público de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, accesible e interoperable, bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con un régimen de fiscalización más estricto que permita al Ministerio solicitar información, inspeccionar, instruir y sancionar. Además, establece un procedimiento sancionatorio específico con infracciones clasificadas como leves, graves y gravísimas, incluyendo multas y posible cancelación de la personalidad jurídica, modifica el Código Civil para actualizar las exigencias de constitución, funcionamiento y disolución de corporaciones y fundaciones, y define un régimen especial para organizaciones con participación estatal y agencias de organizaciones extranjeras.
Bajo
Presentado el 8 de septiembre de 2025, el proyecto se encuentra fuera de tabla y sin urgencias. Aún no comienza su tramitación legislativa.
Al poner en riesgo la continuidad y autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, se limita el acceso de la población a servicios, apoyo comunitario, espacios de participación y defensa de derechos que estas organizaciones proveen. Además, la posible disolución de fundaciones y corporaciones pequeñas reduce la diversidad de voces y capacidades locales, debilitando la incidencia ciudadana, la colaboración comunitaria y la protección de derechos, especialmente en ámbitos como educación, salud, medio ambiente y ayuda social.
El proyecto de ley amenaza la autonomía y continuidad de la sociedad civil al concentrar poder discrecional en el Ministerio de Justicia, imponer sanciones extremas y exigir trámites y auditorías costosas. Todas las organizaciones deben cumplir con las nuevas exigencias en un año o arriesgan la disolución automática, lo que puede restringir su participación y elitizar la acción comunitaria, afectando especialmente a fundaciones y corporaciones pequeñas o de bajo presupuesto.
08/09/2025
Mensaje presidencial