La iniciativa busca modernizar la actual ley de lobby (Ley N° 20.730), ampliando el concepto de lobista, incorporando nuevas obligaciones de transparencia y publicidad, aumentando las sanciones por incumplimiento, incluyendo nuevas entidades sujetas a la regulación y fortaleciendo el rol del Consejo para la Transparencia. Además, establece procedimientos judiciales específicos y precisa formas de acreditar ingresos de ciertas entidades. En conjunto, las modificaciones proponen una regulación más estricta y detallada de las gestiones de intereses particulares ante autoridades y funcionarios públicos.
Alto
Tras ser aprobado en general, el proyecto se encuentra en proceso de votación en particular en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
Afecta directamente principios democráticos como la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Al hacerlo, mejora la trazabilidad de las gestiones de interés particular, promoviendo un gobierno más abierto e incorporando nuevas herramientas de fiscalización y sanciones, lo que puede mejorar la confianza en las instituciones.
Si bien no criminaliza ni restringe directamente a las OSC, las nuevas definiciones y obligaciones podrían alcanzar a ciertas OSC que hagan lobby o gestiones de incidencia ante autoridades. Se les puede exigir mayor formalización en su relación con el Estado, lo que puede implicar más cargas administrativas. Pero al mismo tiempo les podría facilitar el reconocimiento de su rol en la incidencia política, mejorar sus niveles de transparencia y fortalecer su relación de confianza con la ciudadanía y sus públicos.
31/05/2024
Texto proyecto8/07/2024
Oficio Corte Suprema24/09/2024
Oficio Fusión de proyectos16/01/2025
Indicación sustitutiva Gobierno